REDACCION.- El Tribunal Supremo del estado de Nueva York ha dictaminado recientemente la restitución de todos los empleados de la ciudad de Nueva York despedidos por no estar vacunados contra el COVID-19, otorgándoles además el pago retroactivo de sus salarios. Esta decisión surge tras el hallazgo del tribunal, anunciado el lunes, que indica que «estar vacunado no impide que una persona contraiga o transmita el COVID-19». A principios de este año, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, había declarado que su administración no reincorporaría a los empleados que habían sido despedidos debido a su estado de vacunación.
La ciudad de Nueva York había despedido aproximadamente a 1,700 empleados por no estar vacunados a principios de este año, después de adoptar un mandato de vacunación bajo la gestión del exalcalde Bill de Blasio. Entre los despedidos se encontraban numerosos policías y bomberos.
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En un giro sorprendente, el Tribunal Supremo del estado de Nueva York ha revocado esta medida, señalando que se violaron los derechos de los empleados. La decisión llega en un momento de tensión, especialmente después de que el alcalde Adams permitiera una excepción al mandato de vacunación para atletas y artistas, mientras los bomberos continuaban siendo despedidos por su estatus de vacunación. Andrew Ansbro, presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados de FDNY, y el teniente James McCarthy, presidente de la Asociación de Oficiales de Bomberos Uniformados de FDNY, han condenado anteriormente las acciones del alcalde Adams en este asunto.
Los representantes sindicales han expresado su apoyo a la revocación del mandato de vacunación, argumentando que si se va a eliminar para ciertos grupos en la ciudad, debería hacerse extensivo a todos los neoyorquinos. «Si vas a seguir la ciencia, la ciencia te dirá que actualmente no hay peligro», afirmó Ansbro. «Y dejar sin trabajo a cientos de bomberos, policías y otros trabajadores de emergencia no beneficia en absoluto a la ciudad. No es seguro».
Esta resolución del Tribunal Supremo marca un precedente importante en el debate en curso sobre las políticas de vacunación y los derechos de los trabajadores en el contexto de la pandemia del COVID-19.
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