viernes, noviembre 22, 2024
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Breve crónica de un camaleón dominicano


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Por Ricardo Nieves


Camaleón, mejor no pudo escogerse el nombre; alguno lo superará en montos y participantes, pero ningún otro exhibirá su aposematismo versátil ni la categoría inédita de su teatral camuflaje.

Independientemente del destino procesal y de las consecuencias jurídicas que se desprendan del mimético caso, presenciamos la gramática inequívoca y lastimosa de otra modalidad de corrupción muy a la dominicana. Hilos densos, extendidos y enredados tejieron la madeja de un escándalo mayúsculo donde, cubiertos por la complicidad y la abundancia de las deshonras compartidas, desaparecieron los límites del pudor y el forro de los escrúpulos.

De ese ovillo entretejido y sin final, un batiburrillo de espionaje, intervenciones y tratativas, mezclaron sujetos particulares con aspectos públicos y asuntos sensitivos de la inteligencia estatal, llegando a la misma Seguridad Nacional.

Los primeros cambios cromáticos aparecieron en noviembre del 2023. Cuando El Informe de Alicia Ortega expuso -con crudeza- detalles y documentos de irregularidades y maniobras en la licitación y adjudicación de un contrato del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) a la empresa, hasta entonces desconocida, Transcore Latam S.R.L. Según el Ministerio Público, la paradójica empresa presentaba 19 años de experiencia, pero la certificación verificó tan solo12 meses de constituida.

No obstante, el rosario manipulaciones y la truculencia de los actos vinculados, comprometiendo la transparencia del proceso, el sainete de los semáforos, descubierto en televisión nacional, en lugar de detenerse siguió su curso inalterable y agitado. De nada sirvió la rueda de prensa (marzo del 2023) convocada por la Dirección de Compras y Contrataciones, solicitando la suspensión del dispositivo contrahecho “hasta tanto se decidiera un recurso contencioso jerárquico elevado por varias razones sociales que, asumiendo idénticas dudas, acudieron a la sede judicial”.

Tampoco 5 resoluciones, consecutivas y a manera de advertencia que, en la misma dirección, instruían detener la ejecución del contrato artificioso y esperar de sus promotores una contestación que jamás llegó.

Ningún efecto surtió, entre otras consideraciones, la sugerencia hecha mediante carta (mayo del 2023) por la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), en ocasión del proceso de licitación para el “Proyecto de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”. Reparaba, con azarosa premonición, del posible riesgo que “para la Seguridad Nacional tendría un eventual fallo, manipulación o intrusión no autorizada a estos sistemas, lo que podría acarrear serias consecuencias para la seguridad pública, propiciando un estado de conmoción general…” Los meses subsiguientes (28 de agosto al 1septiembre, 2024) confirmaron la interrupción (¿sabotaje?) del servicio de semáforos que, durante 72 horas, sumió al Gran Santo Domingo en un caos vehicular sin precedentes.

La retahíla de trapisondas, cabriolas enmascaradas y fraudulentas, orquestaron un entramado que, por la vulgaridad de los hechos, cualquier chusco o imberbe malandrín, habría sospechado la inminente probabilidad de terminar sentado en un tribunal. Pero, cuando abunda la confianza la espera pierde importancia. Siguieron adelante…

Tanto que el comité de compras, convertido en sastrería del momento, operaba y alteraba requisitos y condiciones en favor de la entidad seleccionada mucho antes de la engañosa licitación. La modificación (administrativa) del pliego de condiciones, saltando la ley 340-06, facilitó la coyunda entre las reglas flexibilizadas y la firma posteriormente agraciada.

Señal “desapercibida” para los órganos de supervisión fue la renuncia de un funcionario del INTRANT que, ejecutando una voltereta, renunció de la institución para luego aparecerse como miembro y accionista de la susodicha corporación.

Conforme a la auditoría especial de la Unidad Antifraude de la Contraloría General (agosto del 2024) un listado de faltas comprobables, tanto en la selección como en la adjudicación del oferente, empañaron cada fase del proceso. Y, sin embargo, antes que la prudencia, hubo quienes, malhumorados, apelaron al tono exasperante de la amenaza y el enfado.

Toda una subjetividad amalgamada de conductas que, sujetas a la garantía y seguridad de los sentimientos impunes, enumera una visión social que normaliza la corrupción en cualquier clase y escala.

Aposentada en la psiquis nacional, la corrupción remonta dimensiones fenomenológicas: empotra subjetividades que anidan en el inconsciente como acciones aparentemente permitidas, sin contradicciones éticas, con elevadísima aquiescencia y estandarización social. Allí robar no personifica algo malévolo y pervertido, sino la ventajosa habilidad de la que hacen galas los más osados, diestros y atrevidos.

En buen Derecho, corresponderá a los jueces (que bastantes veces han fastidiado la esperanza) decidir la suerte de este Camaleón, único en su género y vulgarmente atípico…


 

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