Proyecto en EE. UU. busca limitar la ciudadanía por nacimiento en Puerto Rico y otros territorios

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SAN JUAN, PUERTO RICO.– Un proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos propone restringir la ciudadanía estadounidense por nacimiento en Puerto Rico y los demás territorios estadounidenses, una iniciativa que ha generado preocupación entre expertos constitucionales por las implicaciones que podría tener sobre los derechos de futuras generaciones.
La propuesta, denominada «End Birthright Citizenship for Territories Act», fue sometida por el congresista republicano Morgan Griffith, de Virginia. El proyecto plantea que, a partir del 1 de enero de 2027, solo obtendrían automáticamente la ciudadanía estadounidense quienes nazcan en un territorio y sean hijos de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes legales.
◉ Lo que debes saber
El proyecto afecta a Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte y otros territorios de EE. UU.
La medida no retiraría la ciudadanía a quienes ya la poseen.
Solo impactaría a los nacidos a partir del 1 de enero de 2027, si la ley es aprobada.
El objetivo, según sus promotores, es frenar el llamado «turismo de nacimiento».
La profesora Christina D. Ponsa-Kraus, especialista en ciudadanía y Derecho Constitucional de la Universidad de Columbia, advirtió que el proyecto presenta deficiencias en su redacción y deja abierta la posibilidad de que el Congreso pueda restringir aún más la ciudadanía en los territorios en el futuro. A su juicio, el texto no define claramente las excepciones y podría ampliar el poder del Congreso sobre este tema.
La experta explicó que quienes ya son ciudadanos estadounidenses no perderían ese derecho, ya que la iniciativa tendría aplicación prospectiva. Sin embargo, alertó que el verdadero alcance del proyecto es reafirmar que el Congreso mantiene autoridad para legislar sobre la ciudadanía en los territorios, apoyándose en la doctrina de los llamados Casos Insulares.
◉ ¿Qué sigue ahora?
El proyecto deberá ser discutido en las comisiones del Congreso.
Posteriormente tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado.
Finalmente requeriría la firma del presidente de Estados Unidos para convertirse en ley.
De ser aprobado, se anticipan impugnaciones judiciales, ya que diversos expertos consideran que el tema terminaría nuevamente ante la Corte Suprema.

















