El Tribunal Constitucional (TC) dictaminó que la Policía Nacional no puede incautar equipos de sonido utilizados para reproducir música a alto volumen en colmadones, vehículos y viviendas sin una orden motivada de un juez. Esta sentencia, que se convierte en jurisprudencia, protege el derecho de propiedad y establece que las incautaciones realizadas sin autorización judicial son irregulares. Como resultado, el TC ordenó la devolución de varias bocinas al propietario afectado, Francisco José Herrera del Orbe, y estableció una multa de mil pesos diarios por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia.
La decisión obliga a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente de la provincia Santo Domingo a devolver los equipos en un plazo de 15 días a partir de la notificación. Los jueces argumentaron que la Policía realizó un allanamiento sin orden judicial y confiscó bienes sin existir un proceso penal contra el propietario. Esta es la segunda sentencia reciente del TC que refuerza la protección del derecho de propiedad en el país.
