La sociedad dominicana es una sociedad mayoritariamente conservadora, y esto se refleja cuando hasta los partidos de ideología progress, liberal, socialista e izquierdista, se cuidan mucho de decirlo al pueblo común, y hay que ser un gran entendido de la política para reconocer dichos partidos , al mismo tiempo que éstos cuidan su accionar para no perder votos.
Esto significa que las autoridades todas, desde el presidente de la República hasta el último alcalde pedaneo, y así mismo el poder judicial y legislativo, debe responder a esta realidad, sin embargo, tenemos poderes extranjeros y nacionales minoritarios, que usan la ley para imponer su criterio, aprovechándose de la pasividad del pueblo.
Para la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, la Constitución Dominicana prevé los mecanismos a seguir, y quienes representarán al Pueblo Dominicano en esta importante tarea, y ahí está el error.
El pueblo se confía en la “buena fe” de esos llamados a elegir a los jueces, y que estos valorarán su preparación sobre todas las cosa, y NO se dan cuenta que los jueces ya están generalmente preelegidos y que los interrogatorios no son más que un show para “cumplir” con la Constitución y, luego, nos damos cuenta que varios jueces elegidos son más progress y socialistas que los peronistas kirshneristas argentinos.
Si la FINJUS, un grupo de personas que se declaran “representante de la sociedad civil”, pero que en el país completo no encontramos 1.000 personas que puedan hablar con holgura que es y que hace esa institución puede colar uno o dos jueces ¿por qué no pueden hacerlo las iglesias católicas y evangélicas?
Estamos en un país donde cada cual desea una cuota de poder, pues al menos vamos a hacerlo a las claras.
¿Qué propongo?
Que para las próximas elecciones de jueces, los líderes políticos, religiosos y comunitarios nacionales hablen con franqueza y den una lista de candidatos que desean en el TC, al tiempo de que, por su trayectoria, den una lista de jueces que no quieren ver por ahí ni en pintura, y si el Presidente y demás “electores” no hacen caso, que al menos lo paguen con la pérdida de votos.
Rafael L. Olivo
