SANTO DOMINGO.- Hugo Beras, director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), solicitó este jueves al presidente Luis Abinader, una licencia sin disfrute de sueldo, luego de las nuevas irregularidades del contrato para los semáforos inteligentes reveladas por Noticias SIN y Alicia Ortega en el que se sustenta que sus socios estadounidenses no son empleados de la casa matriz Transcor LP LCC y se despertara un escandalo sobre el tema.
Beras manifestó que “las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación, me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones, para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República Luis Abinader, precisó.
Asimismo, Hugo Beras indicó que desde el Intrant se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de la DGCP sobre este proceso, al tiempo de expresar que “apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias”.
Beras informó que previo a la solicitud de licencia, depositó este jueves ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), un escrito en el que pide a dicha instancia dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada por ante ese mismo órgano el tres de noviembre del 2023.
De esta forma la institución se suma a la solicitud de investigación ya hecha por la DGCP, específicamente en torno a las cuestionadas credenciales de la empresa Transcor Latam, quien resultó adjudicataria de la licitación No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, del proceso de “Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”.
Beras sostuvo que “nos sumamos a todas las acciones llevadas a cabo por los organismos competentes en aras de dejar claro la veracidad de los documentos cuestionados, tras lo cual, de demostrarse las presunciones, el organismo habría sido sorprendido en la buena fe que se le presupone a todo oferente”.
