LIBRE-MENTE

RICARDO NIEVES Y FRANCISCO MANZANO

El antiguo Código Penal carecía de una parte general que estructurara la teoría del delito. Las figuras de autor, coautor, autor intelectual, autor mediato y cooperador necesario quedaban fuera del texto punitivo; apenas se reconocía un limitado régimen de complicidad. Sin marco general para el componente subjetivo, cada tipo penal contenía el suyo mientras la norma hablaba de “voluntariedad”, nunca de dolo. El homicidio exigía matar “voluntariamente” y la muerte causada por torpeza, imprudencia o negligencia se reservaba al homicidio involuntario o culposo.

El nuevo Código Penal incorpora la parte general y sus principios rectores, destacando el hecho punible como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable (2.5). Mantiene la culpabilidad cuando se actúe con dolo o culpa y resulte exigible actuar de otro modo (2.6). Distingue al tipo objetivo del subjetivo (6) y define quien es autor (3). Aunque tampoco especifica el dolo ni deslinda sus modalidades, reputa dolosas las infracciones graves y muy graves, salvo disposición expresa en contrario (22).

La imprudencia (112) queda delimitada en la nueva normativa. La muerte causada por imprudencia o negligencia será castigada con dos a tres años de prisión, pudiendo elevarse de tres a cinco años, para quien actúe “a sabiendas de las consecuencias”.

Asimismo, el propietario que, incumpliendo normas de construcción o seguridad, provoque varias muertes, recibirá hasta diez años de reclusión. Ante el riesgo del colapso evidente y conocido, sin referirse expresamente al dolo, el juez dispone, al menos, de una respuesta: “la acción realizada a sabiendas”. El principio de favorabilidad, en caso de dudas, inclina la balanza hacia la interpretación conveniente al imputado.

En cuanto al dolo eventual, deja una puerta estrecha, pero entreabierta. Tradicionalmente excluido por una concepción de la voluntariedad asociada a la intención directa, la formulación actual (principio 2.6) simplemente exige el dolo, sin restringirlo a aquella.

El legislador asumió la controversia doctrinaria del dolo eventual y la subsumió –en determinados supuestos– en el ámbito de la culpa agravada. Sin embargo, la frontera entre dolo eventual y culpa consciente queda, otra vez, en manos de la doctrina y de los jueces, epopeya hermenéutica que deberá armonizarse con el Principio de Legalidad.

Hay consenso doctrinal sobre el dolo ordinario. Directo: el autor quiere el resultado y actúa para producirlo. Indirecto: persigue un fin sabiendo que provocará necesariamente otro resultado típico y, aun así, lo acepta como inevitable. Ejemplo: quien detona un explosivo para eliminar a una persona, consciente de que también lesionará al acompañante.

Pero el dolo eventual constituye una categoría jurídica compleja. El agente no persigue el resultado ni lo considera seguro, aunque se lo representa como posible y decide continuar obrando. Quien activa un explosivo en una calle, sin propósito homicida, debe representarse la posibilidad de herir o matar a terceros. El componente volitivo, tenue e indispensable, explica su cercanía conceptual con la culpa consciente.

El dolo eventual limita con la culpa consciente, pero media una diferencia decisiva. En ambos existe representación del peligro: en el dolo eventual el sujeto asume la posibilidad del resultado y prosigue actuando pese a ello; en la culpa consciente, más bien confía seriamente en que nada sucederá.

Su fundamento dogmático radica en que el sujeto se representa un riesgo relevante y, no obstante conocer las consecuencias previsibles, continúa actuando.

¿Cuáles presupuestos configuran el dolo eventual? Siempre que la prueba permita acreditar la existencia de un peligro concreto, de elevada probabilidad, conocido por el autor, y concurran elementos que impidan sostener razonablemente que confiaba en evitar el resultado. Sus límites no los fija la norma, los determina la prueba del caso concreto.

El “caso Jet Set” (236 personas fallecidas) ha reavivado esta polémica jurídico-dogmática. La variación de su calificación, de homicidio involuntario a voluntario, sustentada en el dolo eventual, reabre un debate secular del derecho punitivo.

Nuestro Código Procesal Penal (327) habilita al juez para variar la calificación jurídica del hecho, condicionada a la estricta preservación del derecho de defensa. El tribunal modificó la tipificación inicialmente atribuida, reanudando la discusión entre interrogantes procesales y valoraciones sustantivas.

De ahí que el magistrado haya recurrido a la jurisprudencia y a las herramientas hermenéuticas. Sea como ministro de la equidad, sea como intérprete vivo del derecho, la recalificación de homicidio voluntario plantea un reto de amplias vertientes doctrinales, probatorias y argumentativas…