• Empresarios confian en que la justicia se aplique en el caso y criticaron que no se hayan tomado medidas tras la advertencia de apagar los nuevos semáforos instalados.

Santo Domingo. – La rescisión del acuerdo entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la firma Transcore Latam por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas ha enviado ondas de choque a través de la esfera política y social dominicana.

Las “graves” anomalías detectadas han llevado a que el caso sea remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lo que ha suscitado una corriente de apoyo entre sectores clave para una investigación exhaustiva que pueda derivar en sanciones contundentes.

Actores de la sociedad civil y miembros de la oposición política han subrayado la necesidad de que las indagaciones lleguen a fondo, manteniendo el debido proceso legal. La transparencia financiera se ha colocado en el centro de la controversia, con un llamado a que el Intrant detalle los fondos desembolsados a Transcore Latam, empresa que había completado más del 60% del proyecto antes de la cancelación del contrato.

La situación ha generado también una crítica marcada por parte del sector empresarial, particularmente por la falta de acción preventiva en relación con los semáforos recientemente instalados en más de 350 intersecciones en la capital, lo que sugiere un trasfondo de ineficiencia y posiblemente de corrupción. La comunidad empresarial, junto con otros actores, aboga por una aplicación rigurosa de la justicia para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos y la confianza en las instituciones del país.