RICARDO NIEVES

La reforma de nuestro Código Penal abarca múltiples actividades profesionales y sectores regulados que, hasta ahora, mantuvieron una relación discreta con el Derecho punitivo. Ámbitos vinculados al ejercicio de la medicina -la investigación biomédica, la reproducción humana asistida, la industria farmacéutica y la prestación de servicios sanitarios- quedan bajo un escrutinio punitivo mucho más riguroso.

La arquitectura jurídica que condiciona la práctica médica -dolo, imprudencia, omisión, posición de garante, autoría, participación y responsabilidad penal de las personas jurídicas-, da lugar, al menos, a dieciocho tipologías que inciden en su labor profesional. Las consecuencias penales para facultativos, clínicas, laboratorios, centros de investigación y establecimientos farmacéuticos conforman un núcleo extenso de responsabilidades inmediatas en la praxis y en las ciencias de la salud.

Este giro responde a un Derecho penal contemporáneo que interviene más allá de la clásica lesión o afectación física del paciente. El instrumento jurídico anticipa barreras de protección y otorga relevancia a la autonomía, la información genética, la reproducción, la experimentación biomédica, los medicamentos y la integridad de los pacientes, incluso cuando no se materializa un resultado grave.

La norma distingue cuidadosamente entre resultados y legitimidad del procedimiento. Una intervención exitosa no excluye necesariamente la responsabilidad cuando se ignoró el consentimiento exigido por el tipo penal. El centro de gravedad de las infracciones se desplaza desde el daño corporal hacia la vulneración de la facultad decisoria del paciente.

Enmarca comportamientos típicamente reprochables realizados dentro del riesgo jurídicamente desaprobado, mientras que las lesiones y la muerte modifican radicalmente la respuesta punitiva. Por ello, la norma separa la conducta base, la puesta en peligro del bien jurídico y los resultados agravados que, con objetividad, puedan imputársele al autor.

La experimentación biomédica en seres humanos sin su consentimiento y la investigación científica, aun con fines terapéuticos, encuentran límites infranqueables en la autonomía y la dignidad de la persona sometida a tales procedimientos. Estas conductas, con atributos propios, incrementan la sanción cuando, como consecuencia de la experimentación, sobrevienen lesiones o pérdidas irreparables.

El análisis jurídico no se agota en comprobar una finalidad médico-científica. Es necesario determinar la validez del consentimiento, la información suministrada al paciente o participante, la naturaleza y previsibilidad de los riesgos asumidos y el cumplimiento de los protocolos correspondientes. Cuando exista un resultado lesivo, la relación de causalidad y los criterios de imputación objetiva permitirán atribuir el resultado a la conducta desplegada.

Una de las discrepancias históricas más sensibles entre medicina y Derecho penal es el aborto. Las diferentes modalidades están previstas: la intervención de la mujer embarazada, la conducta de terceros, los mecanismos de asistencia o cooperación y, de manera agravada, el aborto realizado mediante amenaza, violencia o engaño. El aborto forzado introduce un perjuicio adicional a la libertad reproductiva y a la integridad personal que impide justipreciar todas las variantes bajo una estructura jurídica uniforme.

La participación del personal de la salud no se examina con una misma categoría. La dogmática resulta indispensable para establecer quién ejecuta la conducta, quién induce, quién presta cooperación significativa y en qué supuestos la participación accesoria alcanza el umbral de punibilidad. Asimismo, debe valorarse cuando el profesional se encuentra en posición de garante y si esta circunstancia remite a una conducta omisiva.

Nuevos marcos reguladores precisan el uso del dopaje y los daños derivados de su administración o utilización, aun cuando intervengan profesionales o entes especializados y la sustancia provoque consecuencias nocivas para la salud. Integra así la protección de la autonomía con la tutela de la integridad física y la salud, delimitando la conducta originaria de los supuestos en que sobrevienen resultados de mayor gravedad.

La norma modifica la relación entre Derecho penal y medicina. Mas que estudiar la responsabilidad médica tradicional (homicidio o las lesiones imprudentes) abarca esferas especializadas: genética, consentimiento informado, reproducción asistida, medicamentos, investigación biomédica, interrupción del embarazo y dopaje, configurando conductas autónomas con resultados agravantes.

Además, incorpora disposiciones cuya estructura exige un análisis particular: las falsedades. Se incluyen certificaciones médicas, estudios genéticos, fecundación de óvulos y reproducción asistida sin autorización, así como la adulteración y falsificación de medicamentos. En la otra entrega abordaremos, junto a las consecuencias prácticas del nuevo escenario jurídico, las innovadoras entidades del ordenamiento sanitario del país…