La investigación, liderada por los fiscales Wilson Santana José, Josué David Cedeño y Claudio Cordero Jiménez, y supervisada por la procuradora fiscal titular de Hato Mayor, Marleni Guante Barona, y Ramona Nova Cabrera, procuradora interina especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha culminado en la recopilación de una serie de pruebas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales. Estas pruebas establecen firmemente la conexión de los acusados con los delitos imputados, infringiendo múltiples artículos del Código Penal Dominicano y leyes sobre el control de armas y secuestro. El Ministerio Público ahora aguarda la fijación de la fecha para la audiencia preliminar, marcando un paso crucial en la respuesta legal a las acciones que han alterado la paz en la comunidad.