Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar acusación en el caso del presunto fraude de casi RD$16 mil millones contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), proceso por el que permanecen privados de libertad su exdirector, Santiago Hazim, exfuncionarios y proveedores.

La solicitud fue presentada por el Departamento de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ante la Oficina de Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional. El plazo original de ocho meses otorgado al Ministerio Público vence este viernes.

◉ Claves del caso

• El Ministerio Público recibió inicialmente ocho meses para concluir la investigación.

• Ahora solicita otros cuatro meses para presentar la acusación.

• El supuesto fraude contra Senasa asciende a casi RD$16 mil millones.

• Santiago Hazim y otros implicados permanecen bajo diferentes medidas de coerción.

El 14 de diciembre de 2025, el juez de Atención Permanente Rigoberto Sena Ferreras impuso 18 meses de prisión preventiva a Hazim, al exconsultor jurídico Germán Rafael Robles Quiñones, al exgerente financiero Gustavo Enrique Messina Cruz y al exgerente de Servicios Iván Minaya Pérez.

La misma medida fue aplicada a Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. Los seis permanecen recluidos en la cárcel Las Parras, en San Antonio de Guerra. La suplidora Ada Ledesma Ubiera fue enviada inicialmente a Najayo Mujeres, aunque posteriormente su prisión fue sustituida por arresto domiciliario.

◉ La investigación sigue creciendo

• Ángel Luis Guzmán Vásquez fue arrestado meses después y permanece recluido en Las Parras.

• Las autoridades lo vinculan a supuestas autorizaciones médicas irregulares utilizadas para defraudar a Senasa.

• El Ministerio Público ha señalado la existencia de al menos tres presuntas estructuras relacionadas con el fraude.

• Paralelamente, un fiscal fue acusado de intentar obtener dinero de uno de los investigados.

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara enfrenta una acusación formal por supuestamente solicitar inicialmente US$200,000 a Roberto Canaán Acta, investigado dentro del caso, a cambio de presuntamente ayudarlo con su situación judicial.

Según la investigación, la suma habría bajado posteriormente a US$150,000 hasta acordarse finalmente una entrega de US$10,000, operación que fue controlada por el propio Ministerio Público y permitió detener al fiscal.  La decisión sobre la solicitud de cuatro meses adicionales determinará cuánto tiempo tendrá el órgano acusador para completar uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa de mayor monto investigados recientemente en República Dominicana.