SANTO DOMINGO.– El Congreso Nacional convirtió este martes en ley el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, luego de que el Senado aprobara en única lectura las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La iniciativa busca fortalecer el financiamiento del sistema nacional de manejo de residuos mediante nuevas contribuciones económicas para empresas e instituciones.

La reforma establece que las personas jurídicas y entidades gubernamentales deberán realizar un aporte anual a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), cuyos montos variarán de acuerdo con el nivel de ingresos de cada empresa. Además, incorpora nuevas disposiciones ambientales, entre ellas la prohibición del uso de productos de foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.

◉ Lo que debes saber

• La ley crea una contribución anual obligatoria para empresas e instituciones públicas.

• Las microempresas con ingresos de hasta RD$5 millones pagarán RD$5,000 al año.

• Las empresas medianas con ingresos de hasta RD$100 millones aportarán RD$150,000 anuales.

• Las grandes corporaciones con ingresos superiores a RD$2,500 millones deberán pagar RD$2.2 millones cada año.

El pago se realizará en dos cuotas semestrales, correspondientes a los meses de junio y diciembre, y será deducible de la renta bruta conforme al Código Tributario. Para el año fiscal 2026 se estableció un régimen excepcional que permitirá efectuar los pagos en julio y diciembre. En el aspecto ambiental, la legislación prohíbe la importación de sorbetes, vasos, cubiertos y otros productos elaborados con poliestireno expandido (foam) que no sean biodegradables, medida que entrará en vigor seis meses después de la promulgación de la ley.

◉ ¿Qué sigue?

• La ley será enviada al presidente Luis Abinader para su promulgación u observación.

• La prohibición del foam no biodegradable comenzará a aplicarse seis meses después de su promulgación.

• La normativa dispone la existencia de un solo vertedero por provincia y una planta procesadora por cada diez regiones.

• El sector empresarial, encabezado por el CONEP, expresó su rechazo al considerar que la reforma aumenta la carga tributaria y afecta la competitividad.

Durante el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la reforma al afirmar que el país necesita invertir entre RD$20,000 millones y RD$30,000 millones para resolver de manera definitiva la problemática de los residuos sólidos. Con la aprobación de esta legislación, el Gobierno busca fortalecer la gestión ambiental y garantizar recursos para modernizar el manejo de los desechos en todo el territorio nacional.