OTEANDO
Por Emerson Soriano
Nunca harán falta críticas a las iniciativas de un gobierno, porque ese es el papel de la oposición y, en relación con el ciudadano común, el control social del desempeño de sus autoridades es un derecho fundamental que encuentra incluso legitimación activa, en el artículo 49 de nuestra Constitución, con la sola restricción que establece su párrafo. Son también propios del ámbito de la filosofía pública, la contraposición de ideas y propuestas de remedios diferentes para la gestión de conflictos o en relación con el proveimiento de bienes públicos, objetos fundamentales del ejercicio de la política y el poder.
Pero siempre será reprochable que, en el ejercicio del derecho a cuestionar y de proponer alternativas, nos dejemos arrastrar de una excesiva imaginación, debiendo preferirse más bien el apego a criterios objetivos del análisis que descarten toda duda no solo acerca de la capacidad del crítico de formular argumentos lógicos y comprobables, sino acerca de la pretensión subyacente de desacreditar el desempeño ajeno desde una perspectiva procústica, en la vana creencia de ser medida de todas las cosas, o la de adquirir notoriedad a expensas de la reputación ajena de manera infundada. Como contrapartida, un gobierno debe actuar de modo que, a cada acción o iniciativa suya, le preceda el crédito legitimador de su desempeño resultante de la armonía entre lo que propone hacer y hace, entre la promesa debida y su cumplimiento honesto.
En el caso de la República Dominicana, y a propósito del Proyecto de Reforma Constitucional que cursa en sede legislativa, es mi recomendación, para cada cual (Gobierno, oposición, y ciudadanos en general), actuar con apego a verdades verificables, porque ya para nadie es un secreto que el descrédito del sistema hunde sus raíces en el uso engañoso de derechos y libertades.
Hoy se tejen muchas conjeturas al afirmar que el Gobierno esconde y persigue fines que rebasan los manifiestos en el contenido “inicial” de su propuesta reformadora, cosa que no creo, porque no considero al presidente Abinader alguien decididamente taimado ni con tal predisposición encubridora como para llevar al Senado una propuesta palimpséstica que, a futuro dé una estocada mortal al pueblo, deducida de su vocación para ser extendida -a la hora de conocerse- a otros ámbitos o, lo que sería igual, deje las brechas para que la magistratura constitucional interprete, acorde con fines inconfesados, aspectos cardinales de nuestro sistema jurídico-político. Me siento excusado de pensar tales cosas. Ahora, toca al presidente y su equipo asegurarse de que, a los que así piensan, “les salga eso de la cabeza”.
