El Ministerio Público solicitó la noche de este lunes 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra 20 señalados en la supuesta red de corrupción desmantelada mediante la Operación Calamar.
La comisión, encabezada por Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), introdujo al edificio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva cuatro contenedores o cajas plásticas con la documentación.
«Este proceso se ha desarrollado con una investigación que ha asumido altos estándares internacionales en todo lo que ha sido la recolección de la prueba», externó Ortiz.
Dijo que el caso, de más de 3,000 páginas, contiene unas 1,200 pruebas documentales e involucra más de 19,000 millones de pesos.
En detalles, 17 mil millones son de expropiaciones y unos 2,100 millones en deuda administrativas, para más de 19 mil millones de pesos.
«Estamos listos para el conocimiento de la medida, una vez el tribunal fije el conocimiento de la audiencia», manifestó la coordinadora de Litigación junto a una amplia comitiva de fiscales que le acompañó.
Consideró que la prisión preventiva es la medida que conlleva el caso por la gravedad de los hechos, la seriedad de las pruebas y el legajo probatorio.
Aseguró que los arrestos e investigaciones apenas comienzan.
Los apresados
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Mirna Ortiz dijo que hay un imputado más en el grupo, sin embargo no dio a conocer su nombre.
Acusación
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los apresados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
