Santo Domingo.– El senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, depositó un proyecto de ley que busca extender a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las empresas, contemplado en el nuevo Código Penal de la República Dominicana.

La iniciativa propone modificar el artículo 31 del Código Penal para ampliar de tres meses a dos años el período de adecuación antes de que comiencen a aplicarse las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

◉ Lo que debes saber

• La propuesta amplía a 24 meses el período de adecuación de las empresas.

• El aplazamiento se aplicaría a los artículos 8, 9, 10 y 11 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

• Las demás disposiciones del Código Penal no serían afectadas.

• El proyecto deberá ser conocido y aprobado por el Congreso Nacional.

Durante esos dos años se plantea que la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, la Oficina Nacional de Defensa Pública, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y otros organismos desarrollen programas de capacitación y orientación para preparar la aplicación del nuevo régimen.

La propuesta contempla una atención especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro, tomando en consideración su tamaño, capacidad económica y nivel de riesgo.

◉ ¿Qué significa?

• No elimina la responsabilidad penal de las empresas.

• Lo que propone es retrasar su aplicación durante dos años.

• Durante ese período se impulsarían programas de cumplimiento, prevención y capacitación.

• Para convertirse en ley, la propuesta deberá completar el proceso legislativo.

El nuevo régimen establece que una empresa podría responder penalmente por determinados actos u omisiones cometidos dentro de su estructura cuando existan incumplimientos en los deberes de dirección, supervisión o control.

La propuesta de Barón Duluc inicia ahora su recorrido legislativo y será el Congreso Nacional el que deberá decidir si mantiene el plazo establecido actualmente o concede a las empresas los dos años de preparación solicitados.