El gobierno español ha implementado una nueva Ley de Influencers con el objetivo de regular esta creciente profesión y asegurar la protección de los consumidores, especialmente los jóvenes, frente a posibles contenidos y publicidades dañinas. Según la legislación, para ser clasificado como un influencer o “usuario de especial relevancia”, se requiere que el individuo genere ingresos anuales de al menos 300,000 euros, posea un mínimo de un millón de seguidores en una aplicación de vídeos o dos millones en múltiples plataformas, y publique al menos 24 vídeos al año. Esta medida busca delimitar claramente a aquellos influencers que tienen una influencia significativa en el ámbito digital.
Bajo esta nueva normativa, los influencers que cumplan con estos criterios tendrán obligaciones específicas para promover la transparencia y proteger a los consumidores. Deben etiquetar explícitamente el contenido publicitario, evitar la promoción de productos nocivos como tabaco, alcohol y juegos de azar a menores, y cumplir con regulaciones estrictas en la publicidad de bebidas alcohólicas. Además, aquellos que residan en España deberán registrarse en una plataforma online del Ministerio de Economía. Este enfoque busca equilibrar la regulación entre medios tradicionales y digitales, adecuándola a las nuevas dinámicas del panorama comunicativo moderno.
