SANTO DOMINGO.- La DGII y la DGCP emitieron una circular conjunta que exige que todas las facturas derivadas de procedimientos de compra del Estado se emitan electrónicamente para poder ser pagadas. Las entidades contratantes deberán ajustar sus pliegos (sección “Condiciones de pago y retenciones”) y los proveedores deben autorizase como emisores electrónicos ante la DGII. La medida se enmarca en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica y la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas; hoy se informó que 611 grandes contribuyentes ya están obligados a e-CF.
Para qué sirve y a quién impacta. La obligatoriedad procura trazabilidad del gasto, eficiencia administrativa y transparencia, fortaleciendo la rendición de cuentas y la interoperabilidad entre instituciones. Todas las entidades públicas deberán exigir y gestionar e-facturas en sus procesos, y todos los suplidores del Estado deberán emitir y recibir comprobantes electrónicos conforme a la normativa tributaria y de contratación.
