REDACCION.- La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha marcado un cambio significativo en el caso conocido como Antipulpo, involucrando a figuras de alto perfil en la política dominicana. El exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y el excontralor General de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, ambos parte del gobierno de Danilo Medina, han visto levantadas las medidas de arresto domiciliario que pesaban sobre ellos. Esta resolución, liderada por la magistrada Doris Pujols Ortiz y sus colegas Indira Vásquez y Rafael Báez, ha optado por imponer en su lugar un impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente. Esta medida surge como respuesta a un recurso de apelación presentado por la defensa, argumentando la improbabilidad de fuga por parte de los implicados.

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El contexto de este giro judicial se encuentra en las acusaciones de corrupción administrativa que pesan sobre un grupo de exfuncionarios y allegados al expresidente Danilo Medina. Entre ellos destacan Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de Medina, y Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana del expresidente y exvicepresidenta administrativa del Fonper. El grupo enfrenta serias acusaciones, incluyendo la creación de una red de corrupción, estafa al Estado, sobrevaloración de equipos, adulteración de documentos y lavado de activos. La decisión original de imponer arresto domiciliario y colocación de brazaletes electrónicos fue dictada por la jueza Kenya Romero del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, en respuesta a una medida de coerción presentada por el ministerio público. La reciente resolución de la corte representa un nuevo capítulo en este complejo caso, destacando la continua evolución de los procesos judiciales en la República Dominicana.