REDACCION- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha revocado la orden de arresto domiciliario impuesta a Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en relación con el caso Calamar. La decisión del tribunal, anunciada este jueves, fue resultado de una revisión de la medida de coerción solicitada por Luis Rivas, abogado del exfuncionario. A pesar del levantamiento de la prisión domiciliaria, Castillo aún enfrenta un impedimento de salida del país y debe cumplir con una garantía económica. La lectura íntegra de la decisión se llevará a cabo el próximo 11 de enero.
Gonzalo Castillo, quien se mostró visiblemente aliviado tras la audiencia, expresó su intención de visitar a su madre, considerando la decisión judicial como un «regalo» para su familia. Castillo afirmó que la justicia «siempre triunfa» y aprovechó la oportunidad para extender un mensaje de buenos deseos al pueblo dominicano, deseando una feliz navidad y un próspero año nuevo. Este cambio en su situación legal marca un punto significativo en el caso en el que está involucrado, relacionado con acusaciones de corrupción durante la administración del expresidente Danilo Medina.
En el contexto del caso Calamar, iniciado en marzo de este año, el Ministerio Público acusó a Castillo y a otros exfuncionarios de altos cargos de corrupción administrativa. La operación Calamar desencadenó la detención de varios exmiembros del gabinete tras 40 allanamientos en diferentes ciudades. Castillo, en particular, fue acusado de recibir RD$3,957,000,000.00 de Manuel Emilio Jiménez, alias «Mimilo», para financiar su campaña política a la presidencia, supuestamente entregado en bolsas y maletas.
Además de Castillo, otros exfuncionarios como Donald Guerrero y José Ramón Peralta, también enfrentan acusaciones en el caso Calamar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Ministerio Público por lograr condenas, hasta la fecha ninguno de los acusados se encuentra en prisión preventiva. El caso sigue siendo un ejemplo destacado de los desafíos en la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana.
