Tribunal Superior Administrativo ordena al Ministerio de la Vivienda reconocer facultad de Verón-Punta Cana en uso de suelo

El proceso judicial inició el 17 de julio de 2025, cuando el distrito, representado por su director Ramón Antonio Ramírez (Manolito), interpuso una acción de amparo de cumplimiento ante la negativa del MIVHED de validar las autorizaciones emitidas por la Oficina de Planeamiento Urbano local. El TSA determinó que los derechos reclamados se encontraban amparados tanto en la Ley 368-22 como en la autonomía municipal que protege la Constitución, desestimando los incidentes de inadmisibilidad planteados por el Ministerio.

En su fallo, los jueces Antonio O. Sánchez Mejía, Úrsula J. Carrasco Márquez y María Guillermina Calderón Abreu, precisaron que la solicitud de astreinte (multa coercitiva) no era procedente, ya que no se encontraron pruebas de resistencia al cumplimiento de la sentencia. No obstante, el dictamen del tribunal marca un precedente jurídico trascendental, ya que refuerza la aplicación efectiva de la Ley 368-22 en los distritos municipales del país y delimita claramente el rol de las autoridades locales frente a las instituciones centrales.

Con esta decisión, Verón-Punta Cana fortalece su autonomía institucional en la gestión del territorio y se consolida como un referente en la aplicación de políticas de ordenamiento urbano. El Ayuntamiento aseguró que este triunfo judicial reafirma su compromiso con el desarrollo ordenado, sostenible y transparente de la comunidad, garantizando reglas claras que permitan armonizar la inversión, el crecimiento turístico y la preservación del entorno.