En la República Dominicana, la práctica de desbloquear teléfonos móviles para evadir el pago de cuotas de préstamos se ha vuelto común, exponiendo tanto a los desbloqueadores como a los usuarios a serios riesgos legales y cibernéticos. Esta actividad, considerada un delito según la Ley No. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, puede conllevar penas de hasta siete años de prisión y multas de hasta quinientas veces el salario mínimo. Además, esta práctica no solo viola la ley, sino que también puede resultar en el robo de datos confidenciales de los usuarios, que son utilizados para fraudes y otros delitos.
El fraude implica una falsa promesa de que no habrá consecuencias, pero tanto quienes ofrecen como quienes solicitan estos servicios son responsables legalmente. Las víctimas que buscan evitar el pago financiero terminan con teléfonos inservibles y expuestos a fraudes mayores, convirtiéndose en cómplices de delitos cibernéticos. Es fundamental tomar conciencia de las implicaciones legales, económicas y morales de estas actividades ilícitas y cumplir con los compromisos financieros adquiridos para evitar ser parte de este tipo de prácticas.
