REDACCION.- Los alcaldes de Higüey, Rafael Barón Dluc (Cholitín), y de Verón Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), han llegado a un consenso para reforzar la mancomunidad de sus municipios. Este entendimiento implica una colaboración técnica conjunta en la oficina de Planeamiento Urbano, manteniendo la coordinación hasta que la ley de ordenamiento territorial sea oficialmente promulgada, momento en el cual el Distrito Turístico manejará de manera autónoma su Planeamiento Urbano.
Bajo este nuevo acuerdo, Verón Punta Cana tendrá una comisión presente en la oficina de Planeamiento Urbano para asegurar la continuidad de los trámites de desarrollo urbano. Mientras tanto, se espera la promulgación del reglamento 348-22, que formalizará la jurisdicción de esta oficina al ayuntamiento de Verón Punta Cana. Esta resolución concluye las tensiones recientes entre ambos ayuntamientos sobre quién debería liderar la oficina de Planeamiento Urbano y gestionar los arbitrios correspondientes y finalmente los pagos deben realizarse en Verón Punta Cana.
Cholitín subraya que aunque la nueva ley no está en vigor, es crucial empezar a organizar la oficina de Planeamiento Urbano en Verón Punta Cana bajo la supervisión de Higüey, fomentando la autonomía de la zona turística y simplificando los procesos para los desarrolladores. Sin embargo, reafirma su compromiso de no dejar de lado a Higüey, enfatizando la importancia del desarrollo integral de la provincia. Por otro lado, Manolito ve este acuerdo como una fuente de calma para la provincia, ofreciendo seguridad a los inversionistas y tiempo para que Higüey se adapte a los inminentes cambios.
La firma de este acuerdo entre los dos municipios, testificado por personalidades como el ministro de vivienda Carlos Bonilla y el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Pedro Richardson, marca el fin de un largo debate originado por la necesidad de una administración local eficaz en la creciente zona turística. Este pacto resuelve el reciente conflicto provocado por la ley 348-22, que propone mayor autonomía para los distritos en la gestión urbanística, y asegura la colaboración en el desarrollo y sostenimiento económico de ambos municipios.
