El gobierno ruso ha intensificado su campaña contra la comunidad LGTB+, con el Ministerio de Justicia solicitando al Tribunal Supremo la prohibición de este movimiento público internacional por considerarlo «extremista». Este pedido se enmarca dentro de una postura cada vez más conservadora de Moscú, especialmente notable desde el comienzo de la ofensiva en Ucrania, y ha sido denunciado por varias organizaciones no gubernamentales como un acto de discriminación homofóbica.
La medida, que se examinará en el tribunal el 30 de noviembre, no especifica si se dirige contra el movimiento en su conjunto o contra organizaciones específicas de defensa de los derechos LGTB+. Se suma a una serie de acciones legales que el Kremlin ha emprendido en los últimos años, las cuales han sido condenadas por la comunidad internacional y defensores de los derechos humanos por reprimir y marginar a las minorías sexuales en Rusia.
Entre las leyes ya implementadas se encuentra la prohibición de la «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales» a menores, una normativa que ahora se ha extendido para incluir la prohibición de cualquier «propaganda» LGTB+ dirigida al público en general. Estas leyes han tenido un efecto palpable, como la desprogramación de un ballet en el teatro Bolshói basado en la vida del bailarín soviético Rudolf Nuréyev, conocido por su homosexualidad.
Además, la constitución rusa fue enmendada en 2020 para definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer, cerrando la puerta a las uniones del mismo sexo. La principal ONG de defensa de los derechos LGTB+ de Rusia fue clasificada como «agente del extranjero», limitando severamente su capacidad de operar y exponiéndola a posibles sanciones legales. Estas acciones colectivas subrayan la creciente hostilidad hacia la comunidad LGTB+ en Rusia, mientras activistas y defensores de los derechos humanos continúan luchando contra la creciente represión.
