José Ramón Peralta, el ministerio público y la dialéctica de los jueces
Conforme la más depuradada doctrina, invocando el interés público en materia criminal, los códigos, en general, han incluido incorrectamente a los tribunales dentro de los órganos públicos concernidos en la actividad probatoria; habida cuenta de que, admitir que el juez es co-responsable (o principal responsable) de la destrucción del estado de inocencia del acusado es hacerlo casi un co-fiscal, lo que colocaría al acusado inocente en la situación graficada por el refrán popular: “Quien tiene al juez como fiscal, precisa a Dios como defensor”. (Cfr. Cafferata Nores José Ignacio, “La prueba en el Proceso Penal”, pp. 36, 37 y 38).
Traigo lo anterior a colación a propósito de la actitud que habían estado asumiendo los jueces apoderados de casos de “corrupción administrativa” contra funcionarios del gobierno pasado, en cuya mayoría, aquellos habian estado acogiendo la petición, imprudente y abusiva, del Ministerio Público Fiscal de imponer la más extrema de las medidas de coerción prevista en nuestro Códico Procesal Penal -la prisión preventiva-, sin que ninguno de los acusados representara un peligro, ni en lo que hace a la desaparición de pruebas ni en lo que hace a la posibilidad de fuga.
La presión social o, dicho con más eufemismo, “el control social de las decisiones judiciales”, se estima con frecuencia como la principal causa de esa involuntaria adhesión de los jueces a la infamia del órgano persecutor de conseguir, a cualquier costo, tales medidas en el marco de lo que, para muchos, han constituido verdaderas vendettas. Tanto es así que, en el caso específico de José Ramón Peralta, estuvo guardando prisión en atención a las afirmaciones hechas por dos delatores, las cuales se pretenden servir al tribunal -en juicio de fondo- a través del medio probatorio más desacreditado, el testimonio, mismo que obtuvo el Ministerio Público de la misma manera que ha estado consiguiendo todas las delaciones de los supuestos casos de corrupción del gobierno pasado: negociando con co-imputados un trato lenitivo a cambio de “cooperación” corroborante de sus pretensiones.
La dialéctica jurisdiccional, puesta de relieve ya a través de las revisiones, ya a través de las apelaciones de las medidas de coerción impuestas a los funcionarios del gobierno pasado, puso a todos en su casa, y ha dejado muy mal parado al Ministerio Público, cuestión ostensible en el silencio que ha venido observando desde hace días, quizás meses. Incluso, se escucha decir en los corrillos judiciales que ciertos jueces, apoderados de tales casos, ya le han advertido acerca de la mala instrumentación de sus expedientes acusatorios. “El tiempo es el mejor fabricante”, escribió Charles Dickens.
