REDACCION.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), a través de su director ejecutivo Máximo Calzado Reyes, convocó para este domingo a las 5:00 de la tarde una “Marcha Negra” frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, como expresión de duelo, indignación y resistencia cívica ante lo que califican como el fraude y desfalco más grave de la historia del sistema de salud dominicano, en perjuicio directo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y de millones de dominicanos. La organización exige la aplicación de todo el peso de la ley contra personas físicas, empresas, clínicas, centros médicos y farmacias que se hayan beneficiado del entramado, la implementación efectiva de la Ley de Extinción de Dominio, el cese de la Narco Política, el lavado de activos y otras formas de delincuencia desde el poder político, así como la recuperación “peso por peso” de los fondos presuntamente robados. Para la FJT, lo ocurrido en SeNaSa no es un simple caso administrativo, sino un crimen de extrema gravedad que se traduce en tratamientos negados, medicamentos no suministrados y vidas puestas en riesgo: “cuando se roba el dinero de la salud, se roba vida y se roba dignidad”, advirtió Calzado Reyes, reclamando incluso que el país sea declarado en luto nacional.
De forma paralela, el movimiento Somos Pueblo y otras organizaciones sociales convocaron a partir de las 6:00 de la tarde otra manifestación frente al mismo Palacio de Justicia, en víspera del fallo de las medidas de coerción contra los 10 imputados de la Operación Cobra, acusados de desfalcar más de RD$15 mil millones a SeNaSa. El Ministerio Público solicita prisión preventiva para varios de los principales implicados, entre ellos el exdirector Santiago Hazim, así como arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y garantías económicas para otros colaboradores que han admitido haber entregado altas sumas de dinero al exfuncionario. El expediente les imputa desfalco, estafa contra el Estado, corrupción administrativa, falsificación de documentos, prevaricación y lavado de activos, entre otros delitos, apoyado en confesiones, documentos aportados por imputados y presuntas maniobras para desviar fondos públicos a través de proveedores vinculados. En medio de un Palacio de Justicia acordonado por la Policía, con fuerte tensión ciudadana y creciente rechazo a la impunidad, las organizaciones convocantes proclaman un mensaje común: no más acuerdos de impunidad, no más paliativos, no más excusas; solo justicia firme, real y ejemplar.
