“Política Criminal de Violencia de Género, intrafamiliar y femicidios”

En un artículo previo señalamos cómo, en sociedades marcadas por una cultura patriarcal y una modernidad líquida que relativiza vínculos, las políticas criminales tradicionales resultan insuficientes para contener la violencia de género, la violencia intrafamiliar y los femicidios. Sugerimos dos ejes jurídicos: la discriminación positiva a través de cuotas de género y la tipificación autónoma del femicidio, diferenciando con claridad la violencia doméstica de la intrafamiliar y articulando redes de apoyo psicológico. Igualmente, anunciamos dos líneas de acción: la prevención social educativa y la intervención institucional articulada.

En esta segunda entrega proponemos el tercer eje pendiente: la creación de comisarías administrativas de familia. Estas funcionarían fuera del proceso penal, pero integradas en la política criminal. Su valor radica en que permiten intervenir tempranamente en los conflictos, sin las rigideces ni formalidades del derecho procesal penal. Así, se convierten en espacios de socioseguimiento integral: ofrecen acompañamiento psicológico, mecanismos de protección a niños, asesoría familiar y medidas preventivas que evitan que los casos escalen directamente al ámbito judicial. Con ello, se rompe la lógica binaria de “denuncia o silencio” que hoy predomina y que tantas veces coloca a la víctima en un callejón sin salida.

Pulseras geolocalizadoras y perímetros de seguridad. Un segundo instrumento complementario es el uso de pulseras electrónicas con geolocalización (GPS). Se trata de dispositivos vinculados al celular que activan alertas cuando el agresor se aproxima al perímetro de seguridad fijado por la autoridad (200 o 300 metros, según el contexto urbano). Si la pulsera es manipulada, dañada o destruida, el sistema emite un aviso inmediato tanto a la víctima como a los órganos de persecución.

La utilidad de este mecanismo está probada: en España, pionera en su implementación, no se han registrado muertes en los casos bajo monitoreo electrónico. En Francia, el modelo se ha reforzado con valoraciones de riesgo periódicas que combinan seguimiento socio-psicológico, estudios extrapenales y mecanismos de alerta temprana. El resultado es un sistema de protección que no espera a que ocurra la tragedia, sino que se activa de forma preventiva, reduciendo significativamente la reincidencia y los riesgos de letalidad.

Una política criminal moderna. Lo que estas experiencias internacionales demuestran es que no basta con descargar toda la responsabilidad en el Ministerio Público, cuya actuación, por naturaleza, es ex post, cuando los hechos ya han sucedido. La violencia de género requiere una estratificación de riesgos y respuestas diferenciadas. No tiene sentido aplicar siempre el mismo paquete de medidas (orden de arresto, orden de alejamiento, prisión preventiva) sin distinguir niveles de peligrosidad.

Una política criminal moderna debe integrar:

1. Detección temprana: ingreso de casos en comisarías administrativas con entrevistas iniciales y planes de seguridad.

2. Monitoreo tecnológico: asignación de pulseras electrónicas para reforzar medidas de protección.

3. Socioseguimiento: visitas, llamadas y coordinación con escuelas, centros de salud y entornos familiares, sin necesidad de denuncia formal.

4. Escalamiento proporcional: medidas penales solo cuando el riesgo lo justifique, evitando la saturación del sistema.

5. Refugios especializados: con protocolos automáticos ante violaciones del perímetro de seguridad.

6. Métricas objetivas: para medir reincidencia, tiempos de respuesta y efectividad de las medidas.

De la punición a la protección. El gran desafío es romper con la visión antiquísima que entiende la política criminal como simple reacción punitiva. La violencia de género exige un enfoque ex ante, donde el Estado intervenga antes de que el daño se materialice. Ello no significa relativizar la responsabilidad penal, sino complementarla con mecanismos que protejan vidas y fortalezcan el tejido social.

En una próxima entrega analizaremos con detalle cómo el nuevo Código Penal dominicano trato estos delitos. Ahora bien, lo cierto es que la política criminal dominicana está obligada a evolucionar: pasar de la reacción tardía a la prevención inteligente, del expediente judicial a la protección real y oportuna.