Un informe presentado por una comisión especial de la Cámara de Diputados propone una nueva ley de alquileres que transformaría la gestión de depósitos y contratos de arrendamiento en República Dominicana. De ser aprobada, obligaría a los propietarios a depositar las garantías de alquiler en bancos cercanos al inmueble, acompañadas de una copia del contrato. Estas entidades bancarias, a su vez, deberán notificar al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), con el objetivo de contar con datos actualizados sobre el déficit habitacional. Esta medida representa un giro frente al esquema actual, en el que los depósitos se entregaban al propietario o, en teoría, al Banco Agrícola, sin mecanismos eficaces de control.
La legislación también establece que, al terminar el contrato, el propietario debe autorizar sin trabas la devolución del depósito, y que cualquier disputa sobre esto se resolverá en juzgados de paz o tribunales de primera instancia, dependiendo del tipo de inmueble. Además, la nueva normativa limitaría a dos el número de depósitos exigibles y mandaría a compartir los gastos legales entre las partes. Para sus proponentes, como los diputados Alfredo Pacheco y Amado Díaz, se trata de una ley moderna que garantiza los derechos de inquilinos y propietarios por igual, y que busca transparentar y formalizar el mercado de alquileres.
