Sería fácil culpar al actual gobierno de lo que hemos llamado “robo a la familia dominicana” por causa de estos impuestos, sin embargo, este régimen tributario ha sido heredado a través de los años por todos los gobiernos desde la Era de Trujillo, dado que según nuestras investigaciones, los mismos están regulados por la Ley 2569 del año 1950.
En dicha ley encontramos una tabla que trata de escalar el porcentaje a pagar, considerando el valor metálico que representa el bien a heredar, que va de menos de 2.000 pesos, en cuyo caso pagaría solo un 1% (para herederos directos) a más de 500.000 pesos, donde se pagaría un 17%.
Hay que tener en cuenta que en esa época se consideraba 1.000 pesos toda una fortuna, y muy pocos “ricos” de la época llegaban a tener valores que superaran los 500.000 pesos, era una época cuando cualquier “chalet” o casa “de gente bien”, costaba entre 15 o 20 mil pesos, por lo que se ve que, en un principio, se trató de cobrar pequeñas sumas a los menos pudientes, donde en muy escasas ocasiones los pobres y clase media llegaban a pagar más de un 3% del valor heredado.
El problema actual radica en que, por causa de la devaluación de la moneda, generalmente todos los valores a heredar hoy en día pasan del medio millón de pesos, por lo que los impuestos de sucesión pasan “ipso facto” a la más alta catalogación, que es del 17%, pero esto es solo si el heredero es considerado “de primera categoría”, dado que de no ser así, los impuestos a pagar pueden llegar al 32%, esto es, dependiendo de si son cónyuges, hijos o algún otro tipo de relación con el difunto.
En fin, como decíamos en la anterior entrega, no han sido una ni dos las familias que, por encontrarse en condición de insolvencia y verse impedidos de pagar dichos impuestos, se han visto en la necesidad de vender sus casas y/o pequeños feudos, dejando desprotegidos, a menudos, a madres e hijos, condenándoles a un futuro incierto, rodando en casas alquiladas (mientras se lo pueden permitir), o viviendo “arrimados” en casas de amigos o familiares, algo que no debería suceder luego de que padres (o madres) haberse matado trabajando, justamente para no dejar a su familia desprotegida.
Es por eso que se hace urgente que esa ley sea revisada, sea por si sola, o como parte de una reforma tributaria.
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