SIN PAÑOS TIBIOS
De conformidad con los artículos 97 de la Constitución Dominicana y 10 de la ley 136-15, que regulan la Iniciativa Legislativa Popular, el grupo Somos Pueblo, activistas sociales y reconocidos juristas, en calidad de Comisión Proponente, están impulsando la “Ley de racionalización de gastos del Estado Dominicano”.
Su valiente ejercicio legislativo, que por mandato constitucional requiere no menos del 2% de los inscritos en el registro de electores, proyecta refrenar el derroche oficial que, por décadas y sin variación, espolea los ingresos y el uso razonable de los fondos públicos. Suprimir, entre otras desviaciones y favores parasitarios, el trato privilegiado de: exenciones que ya cumplieron su rol, privilegios insultantes de legisladores (barrilito, cofrecito, pagos por comisión, exoneraciones…), despilfarro publicitario gubernamental, dietas, viáticos, gastos de representación, tarjetas de crédito, etc. Y, más polémico y corajudo todavía, suspensión del financiamiento público a los partidos políticos.
Antecedida por las firmas necesarias (163 mil), conforme al Manual de Técnica Legislativa de la República Dominicana, la iniciativa -atacada ya por algunos compinches de la partidocracia tradicional- desnudará el listado anacrónico y extenso de exenciones y subsidios que, a la sombra del providencialismo ancestral, perduran en diferentes niveles estatales. Entuertos jurídicos y agravios éticos para una ciudadanía cada día más cuestionadora y distanciada de sus desatinados representantes democráticos.
Este precedente ciudadano, que no tardarán en tachar de “antipolítico”, aparte del amparo constitucional de cual dispone, sobre cualquier otro fin, propone desentrañar y desmontar el costosísimo entramado de privilegios y beneplácitos, contrarios el espíritu equitativo y transparente de la gobernanza institucional.
Nadie, con elemental cordura, negaría que el espacio fiscal del gobierno, reducido e insuficiente, alterna con un presente vulnerable y una proyección preocupantemente riesgosa. Tampoco dudaría que, desde su conformación histórica, nuestra estampilla estatal simboliza la corrupción y el dispendio clientelar, sarta de distorsiones, costos y concesiones que reniegan del juramento constitucional y coliden con el sano interés de la administración pública.
Nelson Suárez (2024), calificado economista, a propósito del hoyo fiscal y la presión que gravita sobre los ingresos nacionales, simplifica la ecuación con bastante objetividad: Una administración tributaria dispersa, con pobre recaudación, que además del gasto fiscal se ve agravada por exenciones, evasiones y elusiones que comprometen el 10% del PIB, vale decir, 744 mil millones de pesos.
La estrechez impositiva gubernamental expone que “del año 2020 al 2024, el déficit fiscal acumulado por los organismos e instituciones del Sector Público No Financiero (SPNF) ascendió a 43 mil millones de dólares. Mas bien, pasó de 3,200 a 55,700 millones de dólares, un incremento de 52, 400 millones.”
Comprobadamente, la brecha entre los ingresos y los gastos reproduce un déficit fiscal cada vez mayor; creciente endeudamiento del SPNF y, por ende, aumento del servicio de deuda: “El pago de los intereses de deuda representa una carga fiscal equivalente al 25% de los ingresos públicos. Hasta el 11 de octubre (2024) el presente Gobierno ha pagado 205 mil millones en intereses, esto es, 21.6% de todos los ingresos percibidos.” Entre 2000 y 2024 pagamos 36 mil millones de dólares solo por intereses de deuda y, en los primeros 4 años del gobierno de Abinader, altamente endeudado, ¡15 mil 700 millones por el mismo concepto!
Déficit y servicio de deuda representan el 23% del PIB para una gestión que, sobre impuestos variados y múltiples tasas, apenas recauda un 13%. Dado que, en su totalidad, exenciones, evasiones y elusiones se llevan el 10% del PIB, o sea, 744 mil millones en pérdidas y recaudaciones. Mientras, el sector eléctrico (agujero empeorado por ineficiencia y mala gestión), las empresas públicas no financieras y la deuda del Banco Central generan el 66.6% del déficit actual.
¿Y qué decir de la ley 105-13, sobre regulación del salario público? Verdadero dislate y discrepancia legal, donde pagos astronómicos para una élite extra remunerada tolera salarios cercanos a la indigencia y la pobretería salarial.
¿La Iniciativa Legislativa Popular atenta contra el sistema de partidos políticos y la democracia? Todo lo contrario, su finalidad invoca y ataca la raíz de la mascarada clientelista, opereta brutal de desequilibrios e inquinas que contravienen la voluntad soberana y las primordiales aspiraciones de una sociedad participativa y democrática.
Cuestionar el financiamiento -corrompido- de los partidos políticos pretende elevar su eficacia y transparencia; y sólo propender, en beneficio de la equidad y la diafanidad, al objetivo fundamental del buen gobierno.
Los libros, para la recolección de firmas, ya están disponibles…
