CARACAS.- Tras la incautación de un avión oficial del presidente Nicolás Maduro en la República Dominicana por parte de las autoridades estadounidenses, el Gobierno de Venezuela ha declarado su intención de emprender acciones legales para reparar lo que consideran un «daño a la nación». El Dassault Falcon 900EX, valorado en 13 millones de dólares, fue confiscado y trasladado a Florida bajo acusaciones de haber sido adquirido ilegalmente a través de una empresa fantasma y exportado en violación de las sanciones de Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, el avión era utilizado por Maduro y sus allegados para viajes internacionales.
En respuesta, el Ejecutivo venezolano ha denunciado el acto como una «piratería» y ha subrayado que se reserva el derecho de tomar cualquier medida legal necesaria para resarcir los daños causados. Esta incautación, que ocurre en medio de un ambiente de creciente tensión política, ha sido vista por Caracas como un ataque directo en el marco de las sanciones impuestas por Washington, y prepara el escenario para una posible batalla legal internacional sobre la propiedad y el uso del avión confiscado.
