La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) ha interpuesto acciones legales contra el Decreto número 420-23, aprobado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Poder Ejecutivo, que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para dealers y concesionarios. Este decreto, que fue publicado sorpresivamente en las redes sociales de la DGII un año después de una consulta que incluyó promesas de revisión y diálogo con los importadores, ha sido objeto de críticas por incluir prohibiciones y requisitos que, según ASOCIVU, exceden las disposiciones de la ley vigente y afectan directamente a los importadores de vehículos usados. En respuesta, ASOCIVU ha presentado una Solicitud de Adopción de Medida Cautelar y un Recurso Contencioso Administrativo, buscando la suspensión provisional y la nulidad del decreto.
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Este conflicto escaló tras múltiples reuniones y promesas incumplidas de diálogo y ajuste del decreto por parte de la DGII, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el presidente Luis Abinader. Los importadores, representados por ASOCIVU, ANADIVE y ADECI, sostienen que se vulneraron sus derechos al no incluir en el decreto final más del 50% de las observaciones técnicas y jurídicas aportadas durante el proceso de consulta. Ahora, con el apoyo del sistema judicial, buscan reivindicar la seguridad jurídica, la confianza legítima y la igualdad ante la ley, principios fundamentales en un Estado Social y Democrático de Derecho como la República Dominicana.
