REDACCION.- Dos exdirectores de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Pedro de Jesús Candelier, han expresado su preocupación y desconcierto tras la retirada inesperada de sus escoltas personales que le corresponde por ley. Guzmán Fermín se encontró sin protección luego de que sus escoltas fueran convocados individualmente a la sede de la Policía Nacional, mientras que Candelier, a través de un mensaje en redes sociales, denunció la pérdida de su seguridad asignada, vinculando la acción directamente al presidente Luis Abinader por motivos políticos, especialmente por su asociación con el expresidente Leonel Fernández.
La situación se complica aún más con el asesinato de Tony Bautista, tío del también exdirector de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista Almonte, en circunstancias violentas que agregan tensión y preocupación sobre la seguridad de las figuras públicas y sus familias. Este contexto de inseguridad y las acciones institucionales tomadas contra figuras de alto perfil han generado un clima de incertidumbre y críticas hacia la gestión de la seguridad por parte de la Policía Nacional.
Veamos el video de Candelier:
La Policía Nacional, por su parte, ha negado las acusaciones de haber removido las escoltas, sugiriendo malentendidos administrativos más que decisiones dirigidas personalmente. Sin embargo, Guzmán Fermín recibió explicaciones de que la retirada de su escolta se debió a un error del departamento de Recursos Humanos, tras una reunión con el actual director de la institución, Ramón Antonio Guzmán Peralta, lo que indica fallos de comunicación y gestión dentro de la entidad.
Estos incidentes no solo resaltan problemas de comunicación interna dentro de la Policía Nacional, sino que también plantean serias preguntas sobre la seguridad y el trato a exfuncionarios, en un momento donde la seguridad pública y la protección de las figuras asociadas al orden institucional deberían ser de máxima prioridad. La controversia ha puesto de relieve la necesidad de una revisión y posiblemente una reforma en los protocolos de seguridad y en el manejo de las relaciones entre el estado y sus servidores públicos retirados, en busca de garantizar la protección y el respeto debido a sus contribuciones al país.
