Hacienda advierte cerrarán bancas loterías no se regularicen en un plazo de 120 días

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La Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda advirtió que serán clausuradas y cancelados los permisos de operación de las bancas de loterías que no cumplan con el plazo de 120 días otorgados por la resolución 061-22, del 14 de febrero para regularizar su situación.

La información la ofreció el licenciado Teófilo -Quico- Tabar, recién director honorífico de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar de Hacienda, designado coordinador del proceso para la regulación de las operaciones de las bancas de loterías en todo el país.

Recordó que la resolución 061-22, del 14 de febrero, establece un plazo de 120 días regularizar las bancas y concesionarias que deberán presentar el listado de las bancas de loterías de su propiedad sin importar su estatus legal, que incluya nombre comercial de la banca, razón social, número de cédula o Registro Nacional de Contribuyente, dirección de cada banca y punto de venta, y número de teléfono.

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En ese sentido, Tabar aseguró que las bancas de loterías serán sancionadas con la clausura y suspensión por tiempo indefinido para realizar sorteos, cerrados sus locales y revocada la licencia para sus operaciones, sin perjuicio de acciones pecuniarias por los incumplimientos.

Quico Tabar, Director Honorífico de Casinos y Juegos de Azar de Hacienda, llamó a los propietarios de bancas afiliados a la Federación Nacional de Bancas de Loterías (FENABANCA), que se acogieron al plan mediante documento escrito y formal, a cumplir con el acuerdo para regularizar todos sus puntos de ventas.

El funcionario dijo que se entiende como punto de venta cualquier establecimiento o agencia destinado a la comercialización de sorteos de quinielas y cualquier otro juego de azar autorizados por el Ministerio de Hacienda para operar.

Indicó Tabar que cualquier otra disposición emitida por Ministerio de Hacienda y sea contraria a la resolución 061-22, queda derogada, previo cumplimiento de las disposiciones de la Ley 107-13, sobre los Derechos de las personas en su Relación con la Administración y Procedimiento Administrativos.


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