El futuro de la justicia dominicana

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OTEANDO
Emerson Soriano
emersonsoriano@hotmail.com

El sistema judicial de la Re­pública Dominicana atra­viesa por un momen­to crucial porque, si bien existe una plataforma constitucional y legalmente suficiente para lograr un grado óptimo de efica­cia en los procesos judiciales, enten­dida aquella como una coherente es­tructuración normativa que propicia mecanismos e instrumentos idóneos para una sana impartición de justicia, para algunos operadores del sistema deviene teorética; dicho de otro mo­do, es asumida solo como fuente de conocimiento sin que se sientan con­vocados a traducirla en acción, ya en la forma de invocarla, ya en la obliga­ción de aplicarla.

La cuestión adquiere particular acen­to en lo que hace a las providencias garantistas prescritas en favor de los imputados en nuestro ordenamien­to jurídico, las cuales, en muchas oca­siones, son vulneradas de manera bur­da en perjuicio del derecho al debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna. Lo cierto es que uno no está en condición de establecer de forma ca­tegórica si el fenómeno de debe a una ausencia de precomprensión de la nor­ma o a una inercia de etiología volitiva opuesta por los indicados operadores, ya autónoma, ya heterónoma.

Una gran mayoría de mis lectores conoce mi postura acerca de los fe­nómenos de la corrupción y el narco­tráfico. Sin embargo, jamás estaré de acuerdo en que las sentencias conde­natorias que resulten de los casos de violación a las leyes relativas a dichos tipos sean dictadas vulnerando el de­bido proceso de ley, porque ello sería como si unos violadores de la ley de­cidieran la suerte de otros violadores de la ley. Yo no lo expresaría de este modo, pero creo que cualquier profa­no en derecho estaría tentado a pen­sar que, en ese caso, es como si de­lincuentes persiguieran o condenaran a delincuentes. ¿Quién comete deli­to más grave, el imputado, violador de la ley –en caso de subsunción en­tre presupuestos fácticos y norma– o el persecutor o juzgador que le viola su derecho a defenderse?

En los últimos días he estado obser­vando en algunos procesos –para tomar un solo ejemplo– una falencia manifies­ta en la formulación precisa de cargos, práctica que no es nueva, para ser sin­cero, pero que toca a los jueces conju­rar, porque algún día alguien deberá dar el primer picazo para construir el edificio de una verdadera instituciona­lidad de la justicia, de una justicia con­fiable, por el bien del país, por el bien de todos. Así que, ¡jueces probos, un paso al frente!


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