En realidad, un tra­bajo como este admite una mi­ríada de perspec­tivas, pero no se dispone de suficiente espacio para ello, por lo que me con­centraré en destacar dos as­pectos: relevancias e impli­cancias de la fusión. PRIMER ASPECTO. Si bien en la par­ticular arista inmobiliaria, la identificación de los bienes del Estado puede hacerse me­diante un catastro particular operado desde la Dirección General de Bienes Nacionales, ello solo aportaría vocación de administración y disposición respecto de estos. En cambio, la actualización de un Catas­tro Territorial Ordinario a ni­vel nacional, aunque abarque exclusivamente aristas de ubi­cación, mejoras, geometría y precio, constituiría una aveni­da para el desarrollo; pudien­do deducirse de ello resulta­dos de otro tipo.

Piénsese, por ejemplo, en el aspecto tributario; igual en la elaboración e implemen­tación, a partir de esa data, de estrategias de inversión privada o inversión median­te alianza público privada (Ley sobre Mercado Hipo­tecario y Fideicomiso); es­trategias de inversión social (Plan de titulación del go­bierno), por ejemplo. Amén de que, en lo que hace par­ticularmente a la titulación de viviendas, debe tomarse en cuenta la solución de un problema previo, que lo es, el justo pago que falta hacer a la gran mayoría de los pro­pietarios de terrenos “expro­piados” para construirlas. Ningún gobierno ha podido resolver ese problema, ya por falta de dinero, ya por falta de voluntad. No obstante hay caminos y, de hecho, fórmu­las identificadas para solucio­narlo. SEGUNDO ASPECTO. Se refiere a una implicación ajena a todas las bondades y procedencia que hasta aho­ra hemos destacado sobre la fusión. Se trata del desafío que supone la evaluación de personal y subsecuente des­vinculación de la nómina que ello acarreará para mu­chos. Ignoro, sobre el CEA y la DGCN, cuál es la compo­sición, dentro de su presu­puesto, de la nómina y sus derivados (seguridad social y sueldo 13, entre otros), pro­pios del objeto (01) de ejecu­ción presupuestaria.

Sin embargo, me gustaría aportar una idea sobre Bienes Nacionales. Ahí el componen­te en cuestión debe rondar el 70% de su presupuesto -a pe­sar de que, entre 2012 y 2013, hubimos de tener el coraje de desvincular de nómina más de quinientos empleados del per­sonal contratado, disminuyén­dola de 31 a 26 millones men­suales. Mas, como no se puede opinar cuando no se maneja suficiente información, con­fío en que el nuevo gobierno tenga una salida para mitigar el impacto que ello causará en nuestra economía.

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Por Emerson Soriano
Correo – emersonsoriano@hotmail.com

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